Este ha sido un año particularmente complicado para el mundo en términos de aumento de emisiones de gas con efecto invernadero, después de haber disminuido en los últimos tres años, las emisiones de carbono han continuado aumentando en 2017. Es por ello que la revisión de políticas por país para mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2oC, objetivo fijado en el Acuerdo de París, no se hace esperar.
Impulsar acciones a través de una mayor respuesta vinculada a las políticas climáticas globales y por país es una de las condiciones imperantes para salvaguardar las condiciones de vida que conocemos hoy. Esto incluye además la implementación de mecanismos innovadores de financiamiento que incentiven a gobiernos y comunidades a utilizar soluciones rentables, muchas de ellas basadas en el poder de la naturaleza y de los bosques para hacer frente al cambio climático.
Durante el evento organizado por el Programa ONU-REDD y el Banco Mundial se destacó cómo REDD+ y otras iniciativas de uso de la tierra centradas en los bosques han sido fundamentales para impulsar cambios importantes en la reducción de emisiones. Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer y los esfuerzos y trabajo integrado entre gobiernos, sector privado y sociedad civil deben fortalecerse para salvaguardar los bosques restantes y proteger los medios de subsistencia de más de mil millones de habitantes de comunidades indígenas que actúan como custodios de los bosques en todo el mundo.
Financiamiento como parte de la solución
En días pasados, en el marco de la COP23 en Bonn, el Banco Mundial anunció la incorporación de México a través de su Iniciativa de Reducción de Emisiones (ERPD por sus siglas en inglés) en la cartera del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF).
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), lanzado en 2007, es una alianza global que apoya la reducción de emisiones generadas por la deforestación y la degradación forestal y brinda asistencia a los países en desarrollo. El FCPF ayuda a los países a desarrollar sistemas y políticas dentro del programa REDD+ y les proporciona pagos por resultados, basados en desempeño por la reducción de emisiones.
La gran noticia es que, a partir de esta aprobación, si México logra reducir sus emisiones recibirá un pago que se destinará a promover y poner a prueba programas innovadores que permitan reducir las emisiones por deforestación y degradación a gran escala.
México se encuentra entre los 10 países con mayor superficie forestal a nivel mundial. Esta condición que además ubica al país entre el selecto grupo de las naciones megadiversas del planeta, supone el gran reto de desarrollar acciones y programas coordinados entre la agricultura y la silvicultura que garanticen la cobertura de la demanda de alimentos y productos forestales mientras se protegen los servicios que los bosques ofrecen.
En la Península de Yucatán, por ejemplo, el 80% de la deforestación que enfrentan los bosques es causada por la ganadería y la agricultura extensivas. Sobre este contexto, TNC a través de su rol de liderazgo en la Alianza México para la Reducción de Emisiones de carbono por Deforestación y Degradación (REDD+), demostró que es posible reducir la deforestación y degradación forestal y mejorar la calidad en las áreas rurales si se cambian las formas de producir.
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México se encuentra entre los 10 países con mayor superficie forestal a nivel mundial.
El financiamiento otorgado por el Banco Mundial permitirá que iniciativas como ésta se fortalezcan y redunden en beneficios importantes para México y su gente, al ofrecer las alternativas e incentivos económicos necesarios para que las comunidades que dependen de los bosques pasen de sistemas productivos convencionales a modelos productivos sostenibles.
Apostar a la implementación de mecanismos probados para la reducción de emisiones a través de la protección de los bosques es un juego donde todos ganamos. Se aumenta la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas en las áreas agrícolas, generando impactos positivos para la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y el desarrollo social de las comunidades, mientras se frena la deforestación y se combate el cambio climático.
