En México, no es necesario mirar muy lejos para encontrar a poderosos aliados para contrarrestar los efectos del cambio climático: los bosques. Un tercio de la superficie de nuestro país está cubierta por ellos. Sin embargo, en las últimas décadas, se han impulsado prácticas que han estado lejos de promover su verdadero potencial natural como agente mitigador de fenómenos adversos como las sequías, los deslaves o la desaparición de la biodiversidad. Más bien, la deforestación y la degradación de los bosques han sido denominadores comunes.
Por ejemplo, la ejecución de cambios de uso de suelo en los estados de la Península de Yucatán provoca que cada año se emitan a la atmósfera entre 4 y 8 millones de toneladas equivalentes de CO2 como consecuencia de las afectaciones a la Selva Maya, el segundo pulmón tropical más importante de América tras el Amazonas. Asimismo, faltan aún acciones articuladas para cambiar o actualizar las prácticas convencionales en la agricultura comercial, la minería o el desarrollo turístico para que constituyan alternativas que generen mejores ingresos para las comunidades locales que las practican y que habitan, principalmente, en los bosques de nuestro país.
Detener la deforestación y la degradación de los bosques
Un punto fundamental de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn, COP23, es favorecer la aplicación de una política de cero deforestación. Esto no sólo promueve la restauración de nuestros bosques, sino la aplicación de métodos que hagan compatible su conservación con el desarrollo sustentable de las sociedades.
De esta manera, en TNC hemos diseñado mecanismos de colaboración denominados “Pactos de crecimiento verde”. Dichos pactos involucran a actores del sector público, privado y de las comunidades locales cada vez más conscientes del papel crucial que juegan los bosques dentro de las cadenas de valor. Su primera gran aplicación ha sido en la Península de Yucatán; los resultados hablan por sí mismos. Entre ellos, cabe destacar el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY) firmado y liderado por los tres gobiernos de la Península, con el respaldo de más de 70 empresas y el impulso por parte de TNC. El acuerdo se fija objetivos comunes y clave para la región tal como lograr una deforestación cero al 2030, reforestar 420,000 hectáreas de bosque, o restaurar 250,000 hectáreas bajo prácticas de ganadería sostenible y otro número equivalente mediante agricultura sostenible. Estas metas son consistentes con los objetivos ambiciosos que México planteó en el Acuerdo de París.
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La ejecución de cambios de uso de suelo en los estados de la Península de Yucatán provoca que cada año se emitan a la atmósfera entre 4 y 8 millones de toneladas equivalentes de CO2 como consecuencia de las afectaciones a la Selva
Gracias a ello se está transformando el modelo de desarrollo en los bosques de México mediante alternativas que pasan de sistemas productivos convencionales a modelos productivos sostenibles. Sobre todo, fruto de estos esfuerzos es el hecho de que México figure entre los únicos tres países en el mundo reconocidos como receptores del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial. Mediante este mecanismo, la captura de carbono que se logra a través de la reforestación se recompensa con lo que se conoce como “pago por resultados”. Durante la COP23 se estarán revelando los siguientes pasos en este sentido.
México tiene ahora la oportunidad de continuar por esta senda. Replicar lo cosechado en la Península de Yucatán permitiría, por ejemplo, que en menos de 15 años la producción agropecuaria de Chiapas pueda incrementarse en un 50% gracias a la implementación de acciones sostenibles de producción como son los sistemas silvopastoriles o la agricultura de conservación, bajo un enfoque integral del manejo territorial.
Estamos a tiempo de hacerlo realidad, así como su réplica en todo el país, en beneficio del planeta, nuestras comunidades y de nuestro bienestar futuro.
